La desregulación y el desfinanciamiento de la ciencia, la universidad pública y los organismos técnicos no solo debilitan instituciones, sino que también erosionan las capacidades para planificar, cuidar y sostener el desarrollo territorial. En turismo, esa pérdida se traduce en menos conocimiento, peor gestión y más fragilidad ambiental y social.
El impacto de la desregulación en la ciencia y el Estado
En los debates públicos sobre economía y Estado, suele presentarse la desregulación como una vía rápida para “liberar” la actividad productiva. Sin embargo, cuando esa lógica avanza sobre la ciencia, la educación superior y los organismos técnicos, el resultado no conlleva hacia un sistema más eficiente, sino que se encamina hacia un tejido institucional más débil y vulnerable. En países con fuerte diversidad territorial como Argentina, dicho debilitamiento golpea de lleno sobre la capacidad de conocer, planificar y sostener actividades complejas como el turismo, la investigación científica y la gestión ambiental.
Ante lo expuesto, el turismo no es solo una actividad servuctiva. Es una práctica territorial que depende de infraestructura, recursos naturales, patrimonio, formación profesional, investigación aplicada y coordinación entre actores públicos y privados. Por ello, cuando se desfinancian universidades públicas e instituciones como el CONICET, el INTA o el INTI, no se reduce únicamente un presupuesto. Se recorta la posibilidad de producir conocimiento para tomar decisiones informadas sobre destinos, comunidades, cadenas de valor y riesgos socioambientales. Esta es la verdadera magnitud del problema.
La relación estratégica entre ciencia, universidades y territorio
La idea de que el mercado puede reemplazar sin costos la función del Estado en ciencia y tecnología ignora que el conocimiento generado por instituciones de educación superior y científicas para el desarrollo territorial no aparece espontáneamente. Se construye con investigación, formación de capital humano, medición, monitoreo y transferencia, concluyendo en la producción de evidencia y acompañamiento en procesos productivos, ofreciendo asistencia técnica y ayuda en la interpretación de escenarios complejos.
En turismo no alcanza con promocionar destinos; hay que entender su capacidad de carga, la presión sobre servicios básicos, la vulnerabilidad de ecosistemas, la estacionalidad laboral, la movilidad, el patrimonio y los conflictos de uso del suelo. Sin instituciones capaces de investigar estos temas, el turismo corre el riesgo de crecer de manera desordenada, reproduciendo desigualdades y deterioro ambiental. La desregulación, cuando se aplica sin criterios públicos, puede acelerar ese proceso y convertir el “crecimiento” en una forma de consumo territorial de corto plazo con impactos negativos de significancia.
El desfinanciamiento de la ciencia y la universidad pública tiene efectos que no siempre se ven de inmediato, pero que se acumulan:
- Menos becas implican menos jóvenes investigando.
- Menos proyectos implican menos relevamientos de campo.
- Menos financiamiento para laboratorios y extensión implica menos capacidad para resolver problemas concretos en municipios, parques, áreas rurales y corredores turísticos.
Con el tiempo, la pérdida trasciende lo institucional para impactar de lleno en el ámbito cultural y productivo. En el caso del turismo, esto afecta temas como el ordenamiento de uso público, diseño de senderos, interpretación del patrimonio, gestión de residuos, adaptación climática, accesibilidad, seguridad, calidad de servicios y valorización de economías locales. Muchas de estas acciones dependen de equipos interdisciplinarios y de datos confiables que, si se desarman los organismos que generan ese soporte, los territorios quedan más expuestos a decisiones improvisadas o a diagnósticos importados que no dialogan con la realidad local.
Sustentabilidad institucional: Más que buenas intenciones
La sustentabilidad requiere algo más que buenas intenciones. Necesita instituciones capaces de anticipar impactos y corregir desvíos. Cuando se debilitan los espacios de investigación y extensión, aumenta la probabilidad de que el desarrollo turístico avance sobre bases frágiles: sobreuso de recursos hídricos, pérdida de biodiversidad, presión inmobiliaria, precarización laboral, exclusión de poblaciones locales y banalización del patrimonio. Es decir, el costo ambiental y social aparece como una consecuencia probable que termina pagando la comunidad residente.
Además, la desregulación sin contrapesos técnicos suele favorecer una visión de corto plazo, pudiendo traducirse en emprendimientos pensados solo para captar rentabilidad inmediata, sin integración con la economía local ni con la capacidad del territorio. La aparente agilidad del “menos Estado” termina generando más conflictos. La sustentabilidad, sin instituciones, se vuelve una simple herramienta del marketing mercantilista.
Ante lo expuesto, defender la universidad pública y los organismos de ciencia y técnica no es solo una consigna, sino una apuesta por la inteligencia colectiva. Las universidades forman profesionales, pero también producen conocimiento aplicado, extensiones territoriales y vínculos con comunidades y gobiernos locales. El CONICET aporta masa crítica para estudiar fenómenos complejos que exceden la lógica del mercado. El INTA e INTI conectan saber científico con producción, innovación y asistencia concreta.
Dicha infraestructura, desde el punto de vista turístico, es decisiva para pensar destinos con identidad, cadenas de valor más justas, productos mejor diseñados y estrategias de adaptación frente a crisis climáticas, sanitarias o económicas. También ayuda a evitar el error frecuente de asumir que atraer visitantes equivale a desarrollarse. Sin planificación, el aumento del flujo turístico puede deteriorar precisamente aquello que lo vuelve atractivo.
Lo que actualmente está en juego no es una discusión técnica aislada, sino un modelo de país. Los territorios que pierden capacidades científicas y técnicas quedan más dependientes, más desiguales y menos preparados para enfrentar transformaciones globales. En cambio, invertir en conocimiento público fortalece la autonomía, mejora la gobernanza y permite construir desarrollo con arraigo territorial. Un destino de turismo sustentable necesita más que paisajes y promoción. Necesita instituciones que investiguen, escuchen, midan, regulen y acompañen.
Conclusión: Más ciencia para proteger el futuro
La discusión sobre desregulación y desfinanciamiento no debería limitarse a balances fiscales o a disputas ideológicas. En el plano territorial, sus consecuencias son concretas: menos ciencia, menos formación, menos capacidad de gestión y más riesgo de impactos negativos sobre la sustentabilidad. Para el turismo, esto significa destinos más vulnerables; para las comunidades, menos oportunidades de desarrollo; para el país, una renuncia peligrosa a construir futuro con conocimiento.
Sostener universidades públicas y organismos como CONICET, INTA e INTI no es un gasto prescindible, sino una decisión estratégica para proteger el territorio, diversificar la economía y hacer posible un turismo que no destruya la base natural y social que lo sustenta. Si el desarrollo territorial pretende ser verdaderamente sustentable, necesita más ciencia, no menos. Y necesita más Estado, no menos capacidad pública.
